Quiere decir que la Santa Sede es quien tiene la competencia para erigir prelaturas personales (mediante una constitución apostólica) y, al mismo tiempo, establecer y promulgar los estatutos de la prelatura erigida (c. 295, Código de Derecho Canónico).

A diferencia de otros entes, en el caso de las prelaturas personales, los estatutos son establecidos y promulgados en virtud de la potestad legislativa (es decir, el poder que tiene la Iglesia para dar normas del máximo nivel), como indica el Código de Derecho Canónico de la Iglesia latina (c. 94 § 3). En este caso, los estatutos se consideran propiamente leyes y en su elaboración interviene necesariamente la autoridad que los promulga (la Santa Sede).

Tanto la redacción, como la modificación e introducción de nuevos preceptos se reserva a la Santa Sede, aunque sea a propuesta de la Prelatura del Opus Dei.